Por lo menos 45 muertos se cuentan fruto de los enfrentamientos con la policía producidos en las numerosas manifestaciones en Perú, desde que asumió el mando del país Dina Boluarte, quien fuera Vicepresidenta de Pedro Castillo antes de que este fuera destituido por el congreso.
Detrás de la destitución y las manifestaciones recientes, hay un descontento con la clase política general. Debe recordarse que históricamente el Congreso ha destituido presidentes, mientras una parte de la población queda relegada a la pobreza, situación que la dirigencia actual no resuelve.
La crisis social llevó el 15 de enero al nuevo gobierno a decretar un estado de emergencia por 30 días sobre las zonas de Lima, Cusco, Puno y Callao. A pesar de esto, miles de manifestantes pertenecientes a sindicatos y organizaciones civiles llegaron ayer a Lima para realizar un paro de dos días, en la capital de Perú.
La “marcha de los cuatro suyos” pide la destitución inmediata de Dina Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que lo ven como la única herramienta que puede evitar que en el futuro se vuelvan a producir estas pujas de poder entre el Congreso y el Presidente electo y asegurar una mejor gobernabilidad democrática en el país.
A raíz del duro contexto social que atraviesa el país, la Dirección de Seguridad Deportiva decidió postergar el comienzo del campeonato de fútbol de primera división que estaba previsto este sábado con el partido entre Sproting Cristal y Deportivo Cantolao.
Entre aplausos y cánticos son recibidos en la Plaza San Martín la delegación de ciudadanos que vinieron desde Puno para pedir la renuncia de Dina Boluarte y la Asamblea Constituyente. pic.twitter.com/xHiM0SJVIG
— Eloy Marchán (@eloymarchan) January 18, 2023
¿Manifestación popular o injerencia extranjera?
Si bien la nueva presidenta ha dicho públicamente que está dispuesta a dialogar con los manifestantes mientras las protestas se realicen en orden y en paz, distintas autoridades difunden versiones de que los manifestantes están siendo manipulados o financiados por fuentes vinculadas a la minería ilegal y al narcotráfico.
En su intento de ensuciar las protestas civiles, se ha difundido la versión de que las mismas están siendo azuzadas desde el “Movimiento al Socialismo” boliviano, razón por la cual han prohibido la entrada al país a Evo Morales. La propia Boluarte y su primer jefe de gabinete, Alberto Otárola, han insistido en que han entrado armas ilegalmente al país desde la frontera boliviana.
A pesar de esta insistencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no halló indicios de que esto sea cierto. Después de analizar la situación y realizar varios relevamientos sobre hechos de vulneración de derechos humanos, el Jefe de la comitiva que llegó al país, Stuardo Rolón, declaró no haber encontrado “algo que dijera que están respondiendo a algún tipo de organización, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente”
Para los funcionarios de la CIDH, las manifestaciones que están sucediendo en Perú son fruto del “abandono” de los pobladores por parte de la clase política, que de acuerdo a declaraciones de Rolón, “pareciera estar muy desconectada, digamos en un nivel de pobreza muy distinto al de la capital”.
Después de todo, protestas y manifestaciones similares se han producido en Perú en el 2020, después de que, así como en la actualidad, el Congreso declarara la vacancia presidencial por incapacidad moral al entonces presidente Martin Vizcarra.
Ya en ese entonces los manifestantes pedían una asamblea constituyente, para modificar a nivel constitucional las condiciones que llevan a la clase política a entablar permanentes disputas de poder que imposibilitan el avance sobre propuestas que cambien la vida de las personas que los votan.
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