Funcionarios del Frente de Todos (FDT) mantienen su apoyo al Gobierno de Alberto Fernández para llevar adelante un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, por “haber violado la división de poderes de manera obvia, flagrante, e inédita en la historia”, señalaron desde el espacio político.
Por su parte, el Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, salió a defender la iniciativa del Poder Ejecutivo al indicar que “las corporaciones de base económica se han apropiado del Poder Judicial”.
Ante esa situación, consideró que el juicio político al tribunal supremo se enmarca en la idea de “recuperar la democracia con sentido social y recuperar las instituciones de la República para el pueblo, no para las corporaciones”.
“Hay que terminar con la proscripción política, que es una consecuencia de una especie de colonización que han hecho los sectores del poder concentrado en la Justicia”, señaló Hugo Yasky, el dirigente sindical docente a medios radiales.
“Está claro que los magistrados que integran el máximo tribunal responden al CEO de del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y a otros personajes por el estilo”, advirtió y concluyó su mensaje al mencionar que “los tribunales de Comodoro Py funcionan permanentemente como un largo brazo de los grupos económicos más reaccionarios”.
En este contexto, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá cerca de las 10h el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, impulsado por el Presidente Alberto Fernández y los gobernadores, y espera contar con los votos necesarios para iniciar el proceso, algo que por el momento no le sería posible sin el apoyo de la oposición que se niega a enviar a juicio este caso.
Causa vocero de Rosatti
El Juez federal Sergio Ramos cerró una causa contra Silvio Robles, Secretario del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que se había iniciado por los supuestos chats filtrados con Marcelo D’Alessandro, Ministro de Seguridad y Justicia porteño con pedido de licencia.
El Juez consideró que debía archivarse el expediente porque las comunicaciones fueron obtenidas a través de espionaje ilegal tras hackear el teléfono de Marcelo D’Alessandro.
La causa se había iniciado con una denuncia presentada por el abogado Gastón Marano contra Robles y D’Alessandro por las comunicaciones que presuntamente tuvieron en torno al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que se filtraron a la prensa.
“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo Ramos.
Fuente: Bae Negocios.
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