De la sequía extrema que experimentó la Provincia de Corrientes durante estos últimos cuatro años, la situación comenzó a variar y ahora la nueva preocupación vuelven a ser las inundaciones por el incremento del caudal del río Paraná. Durante los primeros días de marzo, el cauce alcanzó los 5.30 metros en la capital y se acercó lentamente al nivel de alerta que se encuentra en 6.50 metros.
La población más afectada por esta situación son aquellas que viven en la extensa ribera del río; en su mayoría, en barrios que carecen de condiciones dignas para vivir. Distintos medios locales retrataron esta situación: casas precarias, con familias numerosas y en situación de peligro frente a la complejidad del terreno en que se encuentran.
Vale destacar que, muchas de estas familias se dedican a actividades productivas como la pesca y las ladrilleras. Sobre éste último sector, se supo, recientemente, que la producción viene siendo fuertemente afectada desde las últimas tres semanas.
Sucede que son alrededor de 400 familias las que viven de esta actividad, en la zona del barrio Molina Punta de la capital correntina y, hasta hace pocos días “el 50% de las ladrilleras se encuentran bajo agua”, según dio a conocer Julio Avasolo, referente del sector.
“Queremos que nos digan que vamos a hacer a futuro”
También señaló que a las ladrilleras que no les llegó el agua aún, también están perdiendo materia prima. Por ello, Avasolo pidió que las autoridades gubernamentales sean previsores de la situación y dispongan la creación de un parque ladrillero para ubicar a las familias que tienen estos problemas.
Por otro lado, el referente se quejó de que la ayuda estatal se acerque cuando la situación es compleja pero, en realidad, no se ocupan de solucionar el problema de fondo. “Queremos que nos digan que vamos a hacer a futuro”, finalizó su entrevista con un medio radial.
Es importante mencionar que, según previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA), el efecto de aumento de los caudales del Paraná y el Uruguay se intensificará durante este mes y, respecto al primero, se mantendría en rango propio de aguas medias (condición normal estacional).
De igual modo, las consecuencias de la creciente del Paraná ya se pueden observar en la provincia; ejemplo de ello es el aumento del caudal que se produjo a la altura de la ciudad de Goya que provocó el desmoronamiento de una parte de su costanera.
También se puede tomar como ejemplo la ciudad de Itatí, donde la Prefectura Naval Argentina emitió varios alertas, y donde se vio la costanera tapada por agua. Si bien, señalaron desde la fuerza federal que “no existen reportes de gente que necesite algún tipo de asistencia ni evacuación”, se mantienen vigilando constantemente la zona y se encuentran preparados en caso de necesitar intervenir.
En dicha localidad, el nivel del río llegó a ubicarse en los 5,74 metros, muy cerca del índice de alerta que se encuentra en 6,20 metros, y el de evacuación que se encuentra en 7,20 metros.
Hasta el momento, el Gobierno provincial no dio a conocer un plan de asistencia para las familias que se encuentran habitando zonas de riesgo; ya sea de provisión de elementos necesarios para vivir, como alimentos, insumos varios, medicamentos, entre otros, o respecto a un sitio donde puedan ser evacuados en el caso de un incremento exponencial del río.
Como ya se dejó en claro, tampoco fue pública la decisión de avanzar en la regularización del sector ladrillero y el ofrecimiento de alguna solución para que puedan seguir produciendo, aún en medio de esta situación de creciente.
Posibles soluciones: el caso Formosa
En este contexto, es preciso mencionar el modo en que el Gobierno de Formosa logró solucionar el drama de muchas familias que se encontraban habitando sitios de riesgo o en condiciones extremas de vulnerabilidad y que debieron abandonar sus casas debido a las inundaciones del 2014.
Se trata de las soluciones habitacionales construidas en diferentes zonas, que cuentan con el acceso a las necesidades básicas, de seguridad, salud, entre otras, como el Lote 110 y 111.
Este plan de urbanización y regulación de viviendas, evitó que existan las villas, entendidas como zonas de emergencia donde las personas carenciadas que no pueden acceder a una vivienda llegan con la intención de asentarse en casillas, y cuyo acceso a los servicios públicos como salud, electricidad, transportes y escuelas es nulo o inexistente.
Hasta el momento, mediante el Programa “Mejor Calidad de Vida”, fueron entregados más de 9.000 módulos habitacionales, que cuentan con tanque de agua, motor de bombeo, veredas comunitarias, cerco perimetral y tiene garantizados los servicios de agua y energía eléctrica.
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